Un nombramiento judicial realizado a las carreras. Una demanda que revela cómo se saltaron todos los protocolos. En este episodio analizamos la sentencia que anuló el polémico nombramiento de la Jueza Promiscua de Belalcázar, un caso que expone las grietas en el sistema de designación de magistrados en Colombia. ¿Fue un simple error administrativo o hay algo más detrás?La sentencia número 040 del Tribunal Administrativo de Caldas, fechada el 2 de mayo de 2025, que resuelve una demanda de nulidad electoral. El demandante busca anular el nombramiento provisional de Olga Patricia Granada Ospina como Jueza Promiscua Municipal de Belalcázar, argumentando que viola la Ley 270 de 1996, modificada por la Ley 2430 de 2024, y la jurisprudencia constitucional sobre cómo deben cubrirse las vacantes, especialmente las temporales o definitivas de forma transitoria. El Tribunal concluye que el nombramiento infringe las normas aplicables y fue expedido de forma irregular al no seguir el procedimiento legal y jurisprudencial que exige publicidad y concurrencia.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia aborda la impugnación de una decisión previa que negó un habeas corpus. Los capturados, acusados de hurto y posesión de armas, argumentaron que su detención se prolongó ilegalmente porque no se definió su situación jurídica en el término de 36 horas, especialmente mientras un recurso de reposición estaba pendiente. Sin embargo, la Corte confirma la negativa del habeas corpus, explicando que, si bien se superó el plazo, las circunstancias particulares del caso, como la cantidad de capturados y la complejidad de las audiencias, justificaron la duración, y que la acción de habeas corpus no debe usarse para sustituir los recursos ordinarios dentro del proceso judicial en curso.

36 horas es el tiempo máximo para definir la situación jurídica de un detenido... ¿o no? La Corte Suprema analizó un caso donde el plazo se superó, pero determinó que, por la complejidad del proceso y el número de capturados, la demora fue justificada. Además, aclaró que el hábeas corpus no es un 'atajo' para eludir los recursos ordinarios. ¿Hasta dónde puede extenderse el límite? ¿Qué pasa cuando hay recursos pendientes? Te lo explicamos con todo el rigor legal.

36 horas que lo cambiaron todo. Un detenido aseguraba que su captura era ilegal por un retraso en presentarlo ante juez, pero la Corte Suprema trazó una línea clara: el hábeas corpus no es un comodín procesal. Este episodio analiza cómo se determinó que su arresto SÍ fue legal, por qué el conteo del tiempo empezó después del hallazgo de drogas, y qué significa esto para el combate al narcotráfico y los derechos ciudadanos.Hoy veremos una decisión judicial de la Corte Suprema de Justicia de Colombia resolviendo una apelación en un caso de hábeas corpus. La defensa de Gilberto Jaime Betancourt argumentó que su detención inicial por parte de la policía constituyó una captura ilegal porque, según su cálculo, el tiempo límite de 36 horas para presentarlo ante un juez había expirado antes de su audiencia de legalización de captura. La Corte Suprema revisa la naturaleza y alcance del hábeas corpus, explicando que no puede usarse para reemplazar los procedimientos judiciales regulares o apelar decisiones ya tomadas por los jueces competentes, y determina que la privación de libertad actual de Betancourt es legal porque se basa en una orden de un juez emitida dentro del proceso penal correspondiente. Además, la Corte aclara que una detención temporal para registrar un vehículo durante un retén policial no se considera una captura jurídica, por lo que el conteo del tiempo para la audiencia de legalización solo inició al encontrarse la droga, confirmando así la legalidad de la captura y de los elementos de prueba.