Contexto

• Promoventes:
  • La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) .
  • Diversos integrantes de la Cámara de Senadores .
• Ponente: Ministro Luis María Aguilar Morales .
• Se impugnó el Decreto publicado el 8 de noviembre de 2019 que reformaba la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley de Seguridad Nacional, el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Código Fiscal de la Federación y el Código Penal Federal
  .

Puntos clave de la oración

1. Prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales
   • Se declara inconstitucional la inclusión de ciertos delitos fiscales (contrabando, defraudación fiscal y relacionados con comprobantes falsos) como causales de prisión preventiva oficiosa.
   • La Corte argumenta que el catálogo del artículo 19 constitucional está cerrado y solo puede ampliarse mediante reforma constitucional, no por legislación secundaria
     .
2. Delitos fiscales como delincuencia organizada
   • Se invalida el artículo 2º, fracciones VIII, VIII Bis y VIII Ter, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada .
   • La SCJN concluye que equiparar delitos fiscales con delincuencia organizada viola el principio de última ratio y constituye una restricción injustificada de derechos
     .
3. Artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación
   • Se mantiene válido el tipo penal que sanciona la emisión de comprobantes fiscales falsos o simulados.
   • La Corte demostró que cumple con el principio de legalidad al describir de manera clara y concreta la conducta ilícita
     .
4. Efectos de la invalidez
   • Se declara la invalidez de varios artículos del CNPP, de la Ley de Seguridad Nacional y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
   • Efectos retroactivos : solo se aplica a la invalidez del artículo 2º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, con efectos desde el 1 de enero de 2020 .
   • En el resto, la invalidez no se libera automáticamente a quienes estén bajo prisión preventiva; deberá acudir a medios de impugnación
     .

👉 En resumen:
Este documento es una sentencia histórica de la SCJN que resolvió que no es constitucional equiparar delitos fiscales con delitos de delincuencia organizados ni justificar con ellos la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, sí validó el delito de comprobantes fiscales falsos (artículo 113 Bis del CFF) .

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