Rogelio (@rdibarra) y Salvador (@esemejia) revisan los ingresos “notoriamente exitosos” del senador Adán Augusto López, quien en 2023 y 2024 recibió 79 millones de pesos de empresas privadas, entre ellas una fantasma y otra que fue contratista durante su gobierno en Tabasco. Todo declarado, dice él. Todo documentado, dicen los medios. Todo en orden, dice el Senado. Pero la narrativa de la austeridad… esa sí parece haber caducado.

Mientras algunos medios arman la crónica del (ex)notario que se volvió millonario, otros revelan rentas a Pemex, conflictos de interés, propiedades en Houston y herencias en disputa. La presidenta Sheinbaum ya pidió explicaciones. Nosotros pedimos contexto: ¿hasta dónde llega la línea entre ingresos legales y poder opaco?

Un episodio sobre lo que se declara, lo que se hereda, lo que se omite y lo que se normaliza en la política mexicana.

Rogelio (@rdibarra) y Salvador (@esemejia) abren el tanque y nos llevan por la ruta turbia del nuevo crimen de moda: el huachicol fiscal. No se trata de tomas clandestinas o mangueras nocturnas, sino de facturación falsa, simulación de exportaciones y gasolina que nunca cruzó la frontera... pero sí evaporó impuestos multimillonarios.

En este episodio hablamos de redes criminales con fachada de contribuyente cumplido, de la extraña casualidad de que se mueran marinos en operativos clave, del silencio institucional ante una estafa fiscal de dimensiones monumentales y, por supuesto, del escandaloso caso del financiamiento de campañas políticas con el dinero del Rey del Huachicol. ¿Hasta dónde llega el combustible de la corrupción?

Rogelio (@rdibarra) y Salvador (@esemejia) examinan la iniciativa de reformas al juicio de amparo propuesta por la Presidenta Sheinbaum y alertan de cómo ciertos cambios podrían convertir la tutela judicial efectiva en un ejercicio ritual sin dientes. Analizan puntos clave: la redefinición del “interés legítimo” que restringe quién puede demandar, la limitación de suspensiones temporales para actos reclamados como bloqueos bancarios o detenciones, y la limitación de garantías contra actos del Ejecutivo que afecten derechos fundamentales.

Además, expresan su opinión en el sentido de que la iniciativa representa un peligro real para los controles ciudadanos frente al poder estatal, la pérdida de mecanismos de protección colectiva, y una judicialización cuyo diseño favorece al Estado por encima de la defensa de derechos fundamentales.