Permiso por motivos médicos y trabajo: el Consejo de Estado reabre la conversión tras el Decreto Cutro

Permiso por motivos médicos y trabajo: el Consejo de Estado reabre la conversión tras el Decreto Cutro Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Hoy analizamos una sentencia muy importante del Consejo de Estado italiano, dictada el 20 de marzo de 2026, Sección Tercera, número 2397 de 2026, relativa al procedimiento con número de registro general 6436 de 2025 . El caso se refiere a un ciudadano extranjero titular de un permiso de residencia por motivos médicos que había solicitado su conversión en un permiso de trabajo por cuenta ajena. La Jefatura de Policía de Florencia declaró la solicitud inadmisible, aplicando la nueva normativa introducida por el llamado Decreto Cutro, es decir, el decreto-ley número 20 de 2023, convertido en ley número 50 de 2023, que eliminó la posibilidad de convertir este tipo de permisos. El Tribunal Administrativo Regional de Toscana confirmó esta interpretación, afirmando que tras la reforma la conversión ya no era posible. Sin embargo, el Consejo de Estado adopta una posición completamente distinta. El punto central de la decisión es la interpretación del artículo 7, apartado 2, del Decreto Cutro, es decir, la norma transitoria. Según el Consejo de Estado, la referencia a las “solicitudes presentadas” antes de la entrada en vigor de la reforma se refiere a la solicitud original del permiso, y no a la posterior solicitud de conversión. Y esto cambia todo. Significa que si el permiso por motivos médicos fue solicitado antes del 6 de mayo de 2023, sigue aplicándose la normativa anterior, que permitía su conversión en permiso de trabajo. El Consejo de Estado afirma de forma clara que la “normativa previa” debe interpretarse de manera amplia, incluyendo la posibilidad de conversión como parte integrante del régimen jurídico del permiso . La decisión se fundamenta en principios muy sólidos: la protección del derecho a la salud, la protección de la vida privada y familiar conforme al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y el principio de confianza legítima. En otras palabras, un extranjero no puede ser perjudicado por un cambio normativo cuando su situación jurídica se ha formado bajo una normativa anterior. En conclusión, el Consejo de Estado estima el recurso y anula la decisión de la Jefatura de Policía. Esta sentencia tiene un impacto práctico muy relevante, porque reabre un espacio interpretativo que parecía cerrado tras el Decreto Cutro, especialmente para quienes obtuvieron su permiso antes de la reforma. Y reafirma un principio fundamental: las normas transitorias deben interpretarse de forma que protejan los derechos fundamentales, no que los restrinjan. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo episodio de Derecho de Inmigración.

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